aguas blancas 2Son ya 21 años desde aquel 28 de junio de 1995.

Cuando 17 campesinos de diversas localidades del estado de Guerrero y pertenecientes a la organización campesina “La Sierra del Sur”, fueron asesinados en Aguas Blancas, por agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense.

Ellos se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior y nunca más visto, en la población de Atoyac de Álvarez.

A pesar de que son ya más de dos décadas desde aquel trágico acontecimiento que también dejo 21 heridos, hasta el momento no se ha dado una reparación del daño y los familiares de las víctimas aseguran que por el contrario han sido víctimas de persecución, hostigamiento y amenazas.

Esto a pesar que fueron beneficiadas de un reporte final de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en febrero de 1998.

De acuerdo con el informe, entre las recomendaciones finales destaca la realización de una investigación “Seria imparcial y efectiva” de los hechos conforme a las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se encontró responsabilidad al entonces gobernador Rubén Figueroa y altos funcionarios, que no pisaron la cárcel.

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Así como ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero identificados en la resolución de la SCJN.

Entre las medidas de reparación, la CIDH instó al estado mexicano a otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas, y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los hechos.

Hoy a 21 años las cosas siguen igual, los familiares claman justicia, el ex gobernador Rubén Figueroa sigue libre y la reparación del daño parecería un mito.

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