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La Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación investigan presuntos actos de corrupción y desvío de recursos contra funcionarios del gobierno de Quintana Roo.

Esto, luego de que la ex diputada federal, Alicia Ricalde y el abogado penalista Bruno Francesco Domínguez, denunciaron la construcción irregular del “Auditorio Bienestar”, que tuvo un costo de 244. 7 millones de pesos, cuando en otros estados, la misma operación costó 166 millones; una diferencia de casi 80 millones de pesos.

Dicho auditorio que fue concluido desde marzo de 2015, no se ha podido inaugurar debido a que según peritos en mecánica de suelo, la construcción tiene una mala estructura y problemas de subsuelo, que provocarían su hundimiento y eventual desplome.

Incluso, expertos en ingeniería del mismo gobierno quintanarroense, advierten que existen fallas por lo que la única solución es tirarlo y volverlo a construir.