Es urgente establecer frenos a los servidores públicos de la Ciudad de México involucrados en los procedimientos de compras gubernamentales, advirtió Raymundo Martínez Vite en representación del grupo parlamentario de morena en la Asamblea Legislativa.

Mediante una Iniciativa de Ley presentada en el Pleno del organismo parlamentario, el diputado subrayó que la corrupción prevaleciente en las dependencias de la administración capitalina no ha permitido generar ahorros significativos en el sector público.

Para evitar la corrupción y desperdicio de recursos públicos, propuso que las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno local no superen en 0.95 veces el precio promedio del mercado.

Con tal propósito propuso modificar el artículo 83, numeral IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en el que se establece que ninguna adquisición podrá autorizarse si el precio es superior a 1.3 veces el precio promedio del mercado, incluso si se trata de la propuesta ganadora de alguna licitación. No obstante, informó Sánchez Vite, este lineamiento permite pagos de hasta 30 por ciento adicionales al precio promedio.

Lo anterior, subrayó Martínez Vite, es irracional e injustificado pues las compras al mayoreo deben favorecer importantes ahorros. Ante esta situación, que permite al gobierno adquirir productos o servicios a sobreprecio, el diputado por morena propuso que el 1.3 se cambie por 0.95 veces el precio promedio del mercado.

De esta manera, aseguró, los mecanismos de compras públicas estarían orientados a la promoción de un gasto público eficiente, así como a preservar valores institucionales como la transparencia y la prevención de actos de corrupción.

Agregó que en el ámbito internacional existe evidencia de severas debilidades en los procesos de compras públicas, entre las que destaca la presencia de normativas obsoletas e incompletas que limitan las buenas prácticas en la gestión gubernamental.

En tal sentido, Martínez Vite subrayó que las políticas públicas son primordiales para el desarrollo de un país, razón por la cual deben corresponder a un marco de institucionalidad propio de sistemas democráticos, con el propósito de evitar conflictos de intereses y corrupción.

El gobierno, afirmó, no sólo debe definir cómo administrar los recursos de los ciudadanos, si no también cómo aprovechar las condiciones que el mercado propone.

Martínez Vite precisó que con un gasto eficiente se cumpliría con la esencia del artículo 134 de la Constitución federal, en donde se señala que los recursos económicos deben ser administrados con eficiencia, economía, transparencia y honradez a efecto de satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

De tal manera, recalcó, se acataría lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal en su artículo 1, en el cual se ordena que la administración de los recursos públicos debe atender a los principios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control y rendición de cuentas.

Eliminar el sobreprecio en las adquisiciones de bienes y servicios del sector público fortalecerá sin duda a la hacienda pública de la ciudad y permitirá destinar mayores recursos a fortalecer los programas sociales, concluyó el legislador de morena