En México de enero de 2014 a septiembre de 2015, fueron reportados en 17 estados 2391 casos de muertes violentes de mujeres, pero sólo en el 40 % de los casos se ha investigado con perspectiva de género, es decir; como feminicidios.

Esto lo informó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La coordinadora ejecutiva de esta organización, María de la Luz Estrada Mendoza, dijo que aún en ese 40 %, que representa menos de la mitad, tampoco se tiene la certeza de que se aplique el protocolo de investigación para feminicidios, que son crímenes de odio en contra de las mujeres.

Así se informó en el contexto del anuncio de la aprehensión de Julio Cesar Hernández Ballinas, un policía judicial del Estado de México a quien se le acusa de haber matado a su esposa, Mariana Lima Buendía, el 28 de junio de 2010.

De acuerdo con la madre de la mujer asesinada, en ese tiempo se denunció a Hernández Ballinas, porque había datos del homicidio, y no de un suicidio, como las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de estado de México, pretendieron hacer creer a la opinión pública.

Sin embargo la fiscal de asuntos especiales en ese tiempo, determinó el no ejercicio de la acción penal, porque se aseguraba que se trataba de un suicidio, la procuraduría dijo que la mujer (Mariana) se había ahorcado.

El caso llegó hasta el máximo tribunal del país y se logró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinara que se debía hacer la investigación pero con perspectiva de género y peritos especializados encontraron y comprobaron que se trataba de un crimen en contra de Mariana Lima Buendía, a quien el policía judicial ahorcó, lo cual no fue un hecho aislado, porque se determinó que ya antes se habían registrado hechos de maltrato, humillación y sometimiento por parte del servidor público del Estado de México, sin embargo también se dejó en evidencia una red de complicidades que habían impedido que se le capturara y se le fincara responsabilidad.

A 6 años de la muerte de Mariana y con base en la determinación de la Suprema Corte, el policía judicial del Estado de México, está detenido y el acto fue investigado con base en los protocolos que dicta un feminicidio.

Ahora se esperan también sanciones en contra de Ministerios Públicos, fiscales y peritos, que protegían al policía.