El presidente del Senado, Roberto Gil afirmó que es urgente cambiar la política criminal para no penalizar el consumo de la marihuana.

Ya que a pesar de las modificaciones a la Ley General de Salud, los delitos de narcomenudeo vinculados al consumo no se han reducido, en “2007 y 2009 el 58 por ciento de los delitos de narcomenudeo estaban vinculados al consumo. Con las modificaciones a la Ley General de Salud, hoy el 53.5 por ciento de los casos que la PGR reporta son delitos asociados a los consumidores”.

Al instalar las Audiencias Públicas: Alternativas de regulación de la mariguana, en la Cámara de Diputados, destacó “la modificación en la ley general de salud no ha eliminado, no ha reducido la política de penalización a los consumidores, y eso genera un efecto social, porque un consumidor no debe estar en la cárcel desprendido de su familia, genera mayores costo sociales, una política criminal que hace uso intensivo del sistema de justicia, y de la justicia penal para disuadir el consumo”.

Señaló que hoy más de 10 mil mujeres que están en prisión están “pagando una pena por el único delito de poseer marihuana, y que fueron detenidas sin antecedentes penales previos, sin violencia y que tienen hijos que están creciendo abandonados”.

Por ello, refirió que se requiere vincular una política de regulación con la salud, mediante la creación de tribunales de tratamientos de adicciones.

Dichas audiencias públicas, constan de 11 mesas de diálogo, que se realizarán del 25 de enero al 17 de febrero.

 

 

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