Para garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios, los senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo, en el que se exhorta al Gobierno federal y a las autoridades estatales, implementen medidas que permitan salvaguardar las garantías constitucionales de estos menores de edad.

Expusieron que para ello, es necesario identificar el número exacto de niñas y niños que viven en los centros de readaptación social, así como su situación, con el objetivo de crear políticas públicas que permitan su desarrollo integral, destacaron los legisladores.

Un ejemplo, es que en los 53 de los 389 penales verificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humano, en los cuales se permite la estancia de menores de edad, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería o educación básica mientras permanecen en esos lugares, además de que no cuentan con atención médica.

En su iniciativa, consideraron de gran importancia atender cuanto antes la situación de este grupo de infantes en situación de vulnerabilidad, para hacer valer sus derechos humanos y garantías individuales que el Estado mexicano les concede.

Lo anterior, agregaron, en virtud de que la vida de un menor en prisión cambia en todos aspectos, la situación en la que se encuentran, dificulta que puedan tener un desarrollo integral y atenta contra sus derechos humanos y garantías individuales establecidas en nuestra Constitución.