En México existen más de ocho mil indígenas presos en diversos centros penitenciarios, por carecer de una defensa adecuada.

Algunas de esas cárceles están en Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Debido a la cantidad de indígenas que se encuentran en cárceles mexicanas en muchos casos debido a una mala defensa, la Cámara de Senadores llamó al gobierno federal y a los de los estados de la república a que  incorporen a su legislación secundaria, orgánica y procesal, las normas necesarias que hagan efectivo el derecho de acceso a la justicia de este sector de la población.

A pesar de la cantidad de indígenas presos sólo existen 28 defensores públicos en todo el país que conocen de lenguas indígenas.

El dictamen incluye la celebración de convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para acceder a los servicios de traducción e interpretación, a través del Padrón Nacional que tiene a su cargo.

Entre 2013 y 2014 han salido de la cárcel dos mil 275 indígenas, de ellos 218 mujeres, que en su mayoría hablan náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil, viven en zonas rurales, se dedican a actividades manuales y se encuentran dentro de los rangos más bajos de pobreza, advierte el punto de acuerdo.

Los senadores consideran que es fundamental garantizar el acceso a la jurisdicción de toda persona en la lengua indígena nacional de la que es hablante, a través de intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, como una forma de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas.