Llega a la Cámara de Senadores un documento con observaciones del presidente de la República Enrique Peña Nieto, a Ley 3 de 3.

En las observaciones se elimina la obligatoriedad de particulares para presentar las declaraciones, patrimonial y de intereses.

Se solicita al Congreso de la Unión que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar estas observaciones.

La Ley 3 de 3, es parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y entre sus artículos están las obligaciones de servidores públicos para presentar ante las autoridades competentes, tres declaraciones:

Declaración fiscal

Declaración patrimonial

Declaración de interés.

Se trata de una iniciativa ciudadana pensada para que los políticos en cargos públicos se vieran obligados a presentar estas declaraciones y a hacerlas públicas, sin embargo en la Cámara se Senadores, se hicieron cambios, primero se eliminó la obligatoriedad de hacer públicas estas declaraciones, pero además se incluyó en las obligaciones a las personas físicas y morales que contraten con alguna dependencia de gobierno.

Ahora con las observaciones que hace el presidente Enrique Peña Nieto, se deja afuera de esa obligación a los empresarios, es decir; de las declaraciones, patrimonial y de intereses.

Las observaciones se refieren exclusivamente a los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que regulan la obligación de los particulares (personas físicas y morales) de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación, las sanciones correspondientes por el incumplimiento de presentar las referidas declaraciones, así como la trascendencia de una sanción de una persona moral a otra.

Las observaciones parciales tienen como objetivo fundamental coadyuvar con la tarea que ha llevado a cabo el Poder Legislativo y establecer un diálogo constructivo y respetuoso entre ambos Poderes, con la intención de contribuir, en el ámbito de la competencia de cada uno de ellos, al fortalecimiento de las instituciones y al aseguramiento de su apego a las normas constitucionales y legales aplicables.