Tras darse a conocer que autoridades de Honduras revocaron el mandamiento judicial que impedía la salida de ese país al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, único testigo del crimen de la activista hondureña Berta Cáceres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó la ampliación de medidas cautelares, para garantizar su seguridad durante su traslado y estancia en México.

A través de un comunicado, el organismo nacional informa que solicitó de manera urgente a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Presidencia Municipal de San Cristobal de las Casas, que realicen las acciones necesarias para brindar protección y seguridad a Castro Soto, así como a sus familiares y colaboradores.

La CNDH acompañará con visitadores al ambientalista durante su traslado hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ciudad donde reside. Además de que mantendrá un seguimiento puntual a través del expediente iniciado por este caso.