La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una Recomendación dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, por el caso de violencia obstétrica, atribuible a servidores públicos del Hospital General de Zona con Medicina Familia No.1 “Lic. Ignacio García Téllez”, en Durango, Durango.

Mediante un comunicado, el Organismo nacional informa que debido a una inadecuada atención médica una mujer y su hija perdieron la vida.

el documento relata que el 11 de enero de 2014, una mujer de 32 años de edad y con 37 semanas de gestación, ingresó en el citado hospital al presentar contracciones, donde fue valorada por un médico, quien le indicó que todavía no era tiempo. Dos días después acudió al servicio de Tococirugía del hospital, porque continuaba con contracciones y dolor, pero no se le brindó la atención médica de inmediato, sino hasta que “perdió la conciencia” fue ingresada al quirófano y se le practicó una cesárea, de la que se obtuvo una niña, sin embargo, de acuerdo a los expertos de este Organismo Nacional, lo que derivó en la pérdida de la vida de la mujer fue el paro respiratorio que duró 10 minutos y que no fue revertido oportunamente.

La inadecuada atención médica brindada a la mujer trajo como consecuencia la interrupción de la circulación materno-fetal que afectó a la menor de edad, quien fue diagnosticada con una encefalopatía hipóxico isquémica y asfixia neonatal, por lo que permaneció en dicho nosocomio hasta el 23 de abril de 2014, donde fue sometida a 8 intervenciones quirúrgicas. El 24 del mismo mes y año, ingresó al Hospital General de Durango de la Secretaria de Salud de la entidad, donde falleció el 4 de mayo siguiente, derivado de las irregularidades realizadas por los médicos del HGZ-1.

La CNDH pide reparar el daño ocasionado a familiares de la mujer y la niña fallecidas, que incluya compensación y atención médica, psicológica, que en todos los hospitales del IMSS con servicio de urgencias, la atención sea oportuna y de calidad y que se cumplan los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento.

El órgano defensor pide también, capacitar a todos los servidores públicos de ese nosocomio en materia de derechos humanos, además de colaborar en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia de hechos.