En la Cámara de Senadores aprobaron las modificaciones que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Con esta acción ya no se obliga a los empresarios o a los beneficiarios de programas sociales, a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.

El presidente de la Comisión Anticorrupción en el senado, Pablo Escudero, dijo que, sin embargo, no se exime de responsabilidad a los empresarios, porque el artículo 44 de la Ley de  Responsabilidades Administrativas, establece que deberán presentar un formato respecto del conflicto de intereses en cada acto en el que participen, es decir; cada vez que un empresario participe en una licitación, tendrá que entregar la carta donde dice que no tiene conflicto de interés con aquellos que están celebrando el concurso o la licitación.

En la ley en cuestión, hay párrafos que se refieren específicamente a los empresarios y se habla del soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, uso de información falsa, colusión, uso indebido de recursos, contratación indebida de servidores públicos y faltas de particulares en ciertas situaciones.

Por lo anterior incluso ya se había corregido el actual Código Penal Federal, en el que existen tipos específicos para la iniciativa privada, como el uso ilícito de atribuciones y facultades, que puede ser castigado con cárcel de 3 a 9 años, el tráfico de influencias que amerita cárcel de 2 a 6 años, o el cohecho que se puede castigar hasta con 14 años de cárcel.