El Gobierno debe tener una mayor apertura para la regulación así como hacer un replanteamiento en materia de movilidad orientado a transformar de fondo el transporte público en beneficio de los usuarios, al iniciar una discusión en el Senado en torno a la discusión de las aplicaciones  de Uber y Cabify.

Al inaugurar el diálogo “Nuevas tecnologías y movilidad: aplicación y regulación en ciudades y zonas metropolitanas”,  la senadora Mariana Gómez del Campo, dijo que en el caso de los taxistas, “tienen que pagar es entre 80 mil y 120 mil pesos solamente para poder adquirir las placas, aunque, insisto, debieran ser gratis y así con cada uno de los pasos burocráticos por los que tienen que atravesar los que pretenden ser taxistas en esta ciudad, por lo tanto muchos de los que pretenden ser taxistas pues sí son taxistas, pero se quedan en la irregularidad porque es el mismo gobierno el que incentiva a que los taxistas sean irregulares o, como se les llama cotidianamente, taxistas piratas”.

Entre el año 2000 y el 2012, México experimentó un crecimiento de la población de un 20 por ciento. En ese mismo periodo de tiempo, el parque vehicular se duplicó al pasar de 15.6 a 35 millones de unidades, destacó la senadora panista.

Por su parte, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, Mario Delgado, aseguró el tema específico de estas nuevas empresas que ofrecen el servicio de taxi evidenció la sobrerregulación que existe para este medio de transporte en el país y las condiciones en que está este servicio.

Afirmó que gran parte del problema radica en que para el Gobierno los taxis son vistos sólo desde el enfoque fiscal; “es decir, se ve a los taxis como una oportunidad para recaudar cierta cantidad de dinero, con la revista, con la venta de placas, con otro tipo de relaciones que tienen con ellos”, mencionó.